Mercantes denuncian al Estado por no tomar carta ante supuestos abusos de empresas navieras
Portuarios de Magallanes y del resto del país acusan que no se respetarían los convenios internacionales, la ley de navegación, y tampoco el Código del Trabajo.
El presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de Punta Arenas, José Villarroel Maldonado, informó a Pulso Económico que su conglomerado, en conjunto con las símiles ‘Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile’ (Fenasiomechi) y ‘Sindicatos Marítimos y Gente de Mar’ (Fesimar), decidieron decir: ‘¡Basta!’ a lo que consideran una inacción estatal respecto de la serie de abusos que hasta ahora estarían cometiendo de forma impune diversas empresas del mundo marítimo, ello en perjuicio de quienes desempeñan labores en los distintos terminales del país.
El cómo se tradujo dicho descontento, lo expresó el propio presidente de los portuarios de la capital regional, José Villarroel Maldonado: “Hemos concretado un paso que sería histórico, por ser la primera vez que ocurre, a la vez doloroso y necesario, al denunciar al Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (Oit), sobre el ‘dejar ser y hacer’ a los empresarios navieros en desmedro de los legítimos derechos de los trabajadores del mar y portuarios”, comenzó diciendo.
De lo indicado –afirmó el directivo- existe suficiente documentación, lo que da respaldo a las acusaciones por prácticas abusivas de parte de ejecutivos navieros, siendo algunas de ellas el no respetar el derecho a descanso; la falta de cancelación de horas extraordinarias; la presentación de demandas contra los dirigentes sindicales en tribunales solicitando desafueros; abuso de poder; constantes despidos al personal sindicalizado; disponer de poco personal a bordo de las naves con su polifuncionalidad y consecuentemente el recargo de trabajo que conlleva a una solapada ‘mortal fatiga’.
A estos elementos, Villarroel sumó la preocupación que existe en los portuarios respecto de la ocurrencia de graves accidentes como el que costó la vida en abril pasado a un tripulante que efectuaba labores a bordo del Ferry Pathagon o el naufragio de la barcaza Navsur IV en mayo, en el que iban tres personas cuyos cuerpos no fueron hallados cuando se reflotó la nave, en julio.
A estos fundamentos, el presidente de la federación local agregó el aumento de enfermedades mentales que sufren los tripulantes del sector debido a las agresivas e inhóspitas condiciones de trabajo, así como también al trato indigno y degradante que se les estaría dando desde la plana ejecutiva. “Por otro lado –están- las contradictorias sentencias judiciales que perjudican a los trabajadores, ya que interpretan erróneamente la vasta legislación marítima que se encuentra, en muchas ocasiones, sometida a los convenios internacionales suscritos por Chile no dándole aplicabilidad”.
Otro de los aspectos que llevó a los portuarios a emprender acciones en contra del Estado dice relación con el criticable comportamiento administrativo y resolutivo de la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar). Esto último, en razón de una política errática que propiciaría vicios, donde uno de ellos refiere a que durante la fiscalización a las naves se favorecerían ‘las prácticas economicistas del empresario naviero’, en evidente desmedro de la seguridad de la vida humana en el mar y la falta de su cuidado, y el medio ambiente. “Este servicio público y fiscalizador es el ente técnico del Estado de Chile para los asuntos marítimos y, por ende, nos representa en todas las instancias del mar que se desarrollan en el mundo, sin contrapesos de nivel académico como las universidades u otras de similares características”, sostuvo.
Finalmente, los portuarios locales hicieron eco de sus pares de Fenasiomechi y Fesimar, en cuanto a que todos los perjuicios que hoy enfrenta el sector son fruto de una abundante burocracia heredada y la prevalencia de ‘buenas relaciones sociales’ con el empresariado, lo que motivó finalmente a establecer una denuncia en contra del Estado de Chile, por no respetar los convenios internacionales, la ley de navegación, y tampoco el Código del Trabajo, sentenció Villarroel.
Fuente: La Prensa Austral