Un recurso de protección en contra del intendente, José Fernández y el seremi de Transportes, Marco Mella, interpuso el abogado Claudio Morán Ibáñez, mediante el cual busca dejar sin efecto la restricción vehicular que desde ayer rige en la ciudad de Punta Arenas.
Es más, mientras dure la tramitación de esta acción judicial, solicita a la Corte de Apelaciones dejar sin efecto la aplicación de la medida, a través de una orden de no innovar.
Sobre el decreto que restringe el uso de vehículos particulares en la ciudad, con la aparente intención de restringir la movilidad para tratar de bajar el elevadísimo nivel de contagios del virus en pandemia, considera que “es una grave amenaza a las garantías individuales que como ciudadano de Punta Arenas la Constitución me consagra, así como a miles de vecinos”.
Considera “ilegal” y “arbitraria” dicha restricción, además de “absolutamente contraproducente”, ya que no respondería a criterios técnicos sanitarios, y creará más problemas de salud, además de molestias a miles de vecinos”.
Hace mención a todas las restricciones impuestas al amparo del Estado de excepción constitucional de catástrofe con la finalidad de combatir la pandemia de Covid 19, como el toque de queda, cuarentenas, uso de mascarillas o distancia física mínima, “todas las cuales tienen y deben tener siempre un carácter lógico y congruente con el mal que se está combatiendo, por eso además los ciudadanos las aceptamos, no obstante, la afectación de derechos”.
“Carece de lógica”
Sin embargo para Morán la restricción vehicular “carece de lógica y razón de ser”, porque “el virus no viaja en vehículos sino en personas. Durante la cuarentena, las personas sólo salimos con autorización otorgada por comisariavirtual.cl, que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo mismo, ¿qué sentido tiene restringirnos el uso de nuestro vehículo particular? Se trata de evitar la movilidad de personas que son las que contagian, no de evitar la polución ambiental como en Santiago, y los vehículos motorizados no son portadores de virus, y, al contrario, evitan que personas deban viajar en vehículos compartidos o en el transporte público donde sí aumentan exponencialmente las fuentes de contagio. Es pues, una medida anti-sanitaria”.
Se da el absurdo de que a una persona se le autoriza a salir a trabajar o simplemente a comprar, pero un día no puede usar su vehículo en Punta Arenas, donde el uso acá es absolutamente necesario y ayuda claramente a evitar contagios.
Según Moran, la medida administrativa en nada beneficia e, incluso, puede ser contraproducente con la campaña contra el Covid-19, y por eso pide dejarla sin efecto.
Fuente: La Prensa Austral